Ni las autoridades estatales ni federales tienen un registro de las mujeres periodistas que han recurrido al desplazamiento ante agresiones y amenazas en esta entidad. Quienes deben desplazarse lo hacen sin apoyo estatal y recurriendo a sus redes personales
Por Priscila Hernández Flores
La periodista Susana Carreño ha vivido en desplazamiento continuo. Al decirlo, resume su vida con mudanzas, con trabajo en varios medios de comunicación y con procesos de adaptación en cada ciudad para mantenerse a salvo. “De noviembre de 1983 a 2023 se cumplen 40 años de estar en continuo desplazamiento”, comparte esto mientras se encuentra lejos de su casa para proteger su vida.
La directora de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, zona costera de Jalisco, recibe seguridad del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas a partir de las agresiones que sufrió en el 2022. Lo que le ocurrió quedó registrado en los comunicados de colectivos de periodistas y organizaciones civiles: “La tarde del viernes 1 de julio, al terminar una transmisión en vivo en la Casa Ejidal de Vallarta, la periodista Susana Carreño se retiró en su vehículo personal. A los pocos metros de salir del inmueble fue impactada por otro vehículo color gris con un sujeto desconocido a bordo. Carreño bajó para ver el percance y daño a su vehículo y en ese momento llegaron dos sujetos a bordo de una motocicleta, mostraron las armas que traían y le indicaron que se tirara al piso. Enseguida, la periodista fue atacada con un arma punzocortante”.
Las organizaciones Comunicación e Información de la Mujer A.C. (Cimac), Artículo 19, la Red Nacional de Periodistas y la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México condenaron las agresiones a la periodista y exigieron a las autoridades “abstenerse de deslegitimar la labor de las personas periodistas como móvil de delitos contra personas pertenecientes a medios de comunicación. Así como coordinar acciones que prevengan la producción y reproducción de la violencia contra la prensa (…)”.
El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, declaró que todo se trataba de un asalto desvinculando la agresión del quehacer periodístico de Susana. Ella aclara que “no me asaltaron porque lo que yo traía, un anillo, mi reloj, nunca me lo quitaron, se fueron directo a la agresión”. La periodista Susana Carreño realiza investigaciones sobre los desarrollos inmobiliarios irregulares en Puerto Vallarta, por eso, identifica que a partir de esa cobertura sufrió esa agresión.
Susana Carreño es originaria de la Ciudad de México, el primer lugar desde el que tuvo que desplazarse cuando trabajaba en el noticiero Radar 760 de Radio ABC Internacional cuando fue agredida en 1983.
“Estaba en una gasolinería y de pronto me agarran unas policías y una mujer policía me avientan a una patrulla y me llevan a la oficina del general Aurelio Pámanes Hernández, el tipo intentó abusar de mí, grité, le dije: soy reportera”, recuerda que ese grito hizo que él se detuviera. Sus compañeros le apoyaron en la denuncia pública, pero a los pocos días comenzaron a seguirla y el director del medio donde trabajaba le advirtió de su preocupación de que la agredieran.
“Allí empieza mi desplazamiento y desde la Ciudad de México me voy hasta Ciudad Juárez, Chihuahua, a la frontera”, lugar donde estuvo trabajando hasta 1996, pero donde también tuvo que salir cuando comenzaron los feminicidios de mujeres y la violencia en esta ciudad fronteriza que provoca un segundo desplazamiento que la hizo llegar a Puerto Vallarta, Jalisco.
De esa época profesional recuerda sus coberturas: “empiezo a trabajar sobre el turismo, sobre diferentes notas del día, información general y me quedo como titular de noticieros de Creativision Corporativa ‘La Explosiva 590’. Pasan varios años, y me invitan a la Universidad de Guadalajara a trabajar como directora de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y eso me da la oportunidad de hacer más trabajo de investigación periodística sobre cuestión inmobiliaria y sobre medio ambiente, a detectar muchas anomalías como corrupción e impunidad”. De 2009 a 2012 también fue directora de Radio Fórmula Guadalajara, tiempo en el que viajaba constantemente entre Guadalajara y Puerto Vallarta. Relata ese paso que se resume en 45 años de experiencia periodística, pero que fue interrumpido por la agresión que sufrió.
Desde ese día, al lugar al que vaya la acompañan la seguridad asignada por el Mecanismo. “Yo no puedo dar un paso fuera porque les tengo que avisar a los escoltas”, dice desde un lugar donde hay sensores, cámara y protección las 24 horas del día.
Vivir en desplazamiento es algo que ha hecho que “se queden atrás amigos, familia, mi mamá, a ella y a mi familia ya no los veo tan frecuentemente”, sumado a eso también se quedan lejos “los amigos, el trabajo previo para poder obtener la conducción de un programa o dos para estar en noticieros, tus fuentes informativas que las investigas y de pronto ya no estás aquí. Te tienes que ir… de pronto cambias”.
Desplazamiento, un problema en Jalisco
El mapa de Jalisco aparece en azul. Ese es el color que identifica las razones por las que una persona o familia está en situación de desplazamiento interno. Ese es el color que significa que las personas de este estado han dejado sus casas por la “violencia generada por grupos armados organizados” se establece en el mapa del informe “Episodios de desplazamiento interno forzado en México 2021”, una investigación de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.
Este informe documenta el desplazamiento de mil 90 personas de varios municipios, entre ellos de Teocaltiche y Quitupan en Jalisco, un estado en el que se ha incrementado la violencia e inseguridad. Estas zonas son también lugares donde la prensa ha dejado de ir a cubrir la información que se genera; es el mismo lugar donde se han localizado centros de vigilancia clandestina.
Esa zona es una de las varias coordenadas en Jalisco donde el silencio lo han impuesto los grupos criminales como en la Costa, especialmente en Vallarta. Esto se incrementa para las mujeres periodistas, especialmente, quienes informan en municipios que están fuera de la Zona Metropolitana de Guadalajara. Una de ellas es la periodista Susana Carreño.
Susana vive en desplazamiento como otras personas más que están lejos de su familia y espacio, pero es un desplazamiento sin apoyo del gobierno de Jalisco.
Lo que ella pasa es una constante en esta entidad. En el informe del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), “La situación del desplazamiento forzado interno en la región centro-occidente de México” se advierte que en Jalisco “no existe un marco normativo estatal, lo que lleva a un nulo andamiaje jurídico. Así lo exponen los participantes, quienes al encontrarse en esta situación no son reconocidos como víctimas y enfrentan lo frágil y discontinuo del ejercicio gubernamental, donde tampoco se identifican los múltiples factores que dan lugar a esta problemática más allá del narcotráfico que subyace en el imaginario social”.
Sin apoyo y sin redes, las personas víctimas de desplazamiento en Jalisco “se ven inducidos a una movilidad sin sentido ni dirección, valiéndose solo de sus propios medios y capacidad de adaptación”, reporta este informe y aclara que para la mayoría de esta población “las autoridades del estado no cuentan con la capacidad de acción y jurídica para dar solución y seguimiento a los procesos; por el contrario, se deslindan y los remiten a otro municipio en donde tampoco serán atendidos, como parte de un círculo vicioso que los termina por decepcionar y desgastar, incluso, se pone su vida en riesgo”.
Susana Carreño y la periodista Carmen Aggi, quien también ejerce la profesión en Jalisco, con firmeza aseguran que ninguna de ellas ha recibido apoyo por parte de autoridades estatales como el Consejo Estatal para Protección a Periodistas o la Comisión Ejectiva de Atención a Víctimas. Susana enfatiza al decir que la protección que ha recibido ha sido siempre del gobierno federal, incluso en las ruedas de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, ella ha agradecido la protección que continúa recibiendo.
“Por ahora me están cuidando, vigilando, protegiendo por parte del Mecanismo”, afirma Carreño.
Sin registro de periodistas desplazadas
¿Cuántos periodistas están desplazados en Jalisco? ¿Cuántas mujeres son periodistas desplazadas? No es posible saber esto con exactitud.
La segunda visitadora de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, Guadalupe Rea, confirmó que en el estado “no existe un registro, no existen datos certeros del desplazamiento de periodistas (…) en Jalisco no se tiene conocimiento de este tema”. Explicó que tienen casos donde ha habido desplazamiento, pero no (del desplazamiento) de personas que ejercen el periodismo.
En Jalisco y en otros estados, en México y otros países, no hay un registro de periodistas desplazados. Rosa María González, de la UNESCO, ha advertido de “la falta de datos confiables sobre los periodistas desplazados y cómo las organizaciones en los países de acogida se ven ahora abrumadas por la magnitud de la situación”.
En el informe “Personas defensoras de derechos humanos y periodistas en situación de desplazamiento forzado interno en México” señala que “no existen fuentes oficiales que permitan diagnosticar de forma integral y especializada la naturaleza y magnitud del problema a nivel nacional, y mucho menos se cuenta con instrumentos específicos que ofrezcan cifras exactas sobre el número de personas defensoras de derechos humanos y periodistas que se hubiesen tenido que desplazar de sus lugares de origen o residencia habitual de manera forzada”.
En México no hay diagnóstico de periodistas desplazados e informes nacionales de fuentes oficiales como el “Diagnóstico nacional sobre la situación del desplazamiento forzado interno en México” generado por el Consejo Nacional de Población en el 2021, donde ni siquiera se menciona a las personas periodistas.
Este es uno de los puntos que ha investigado la organización Espacio OSC. Mario Hurtado Cardozo es experto en temas de libertad de expresión y coordinador del informe sobre desplazamiento.
Considera que la ausencia de registros confiables sobre periodistas en desplazamiento se debe a que, aún y cuando no es una problemática nueva, fue hasta “el reciente sexenio que se reconoció como una problemática de materia de derechos humanos”.
“Es entendible que ni siquiera se documenta porque no se considera un problema, un fenómeno social. Está invisible pese a que históricamente desde 1960-1970 ha habido mucha migración y desplazamiento forzado”
Mario Hurtado, de espacio osc
El activista expresa que una vez reconocido el problema es necesario avanzar en la generación de políticas públicas para afrontarlo, aún cuando el tema puede ser complejo. Sin embargo, lamenta que “en estos cinco años no se cuenta con una política para abordar el problema. Se han generado algunos esfuerzos muy incipientes y hay que reconocerlos, tampoco estoy diciendo que sea fácil abordar el problema”. Entre ellos están los diagnósticos territoriales para documentar en determinados territorios, como es el caso del desplazamiento en Chiapas y en Chihuahua.
Al no haber políticas específicas, esto implica que “todavía no hay líneas de acción para abordarlo y en ese sentido pues es muy complejo el tema de la documentación, porque no se considera una agresión, no es un tipo penal”. Lo que termina ocurriendo es que “las fiscalías no documentan eso como una parte dentro de sus bases de datos que diga: se cometió en el delito desplazamiento. Sólo existe este tipo penal en Chiapas”.
Hurtado Cardozo describe que al igual que las fiscalías el problema de invisibilización del desplazamiento forzado se repite en las comisiones estatales de Atención a Víctimas: “pasa muy similar porque las personas pueden darles un relato que fueron víctimas de desplazamiento, pero la Comisión puede entenderlo como una agresión, y al no ser un tipo penal no te puede generar la categoría de víctima”.
En el marco de la visita oficial a México de la Relatora Especial sobre los Derechos Humanos de los Desplazados Internos de las Naciones Unidas (ONU), Cecilia Jimenez-Damary, diversas organizaciones civiles entregaron el comunicado con detalles del problema de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas en situación de desplazamiento interno forzado en México en el que explican que los pocos datos disponibles, hasta junio de 2022, sobre periodistas personas defensoras desplazadas son los que ha informado el Mecanismo de Protección: “84 medidas de refugios temporales de seguridad para personas defensoras de derechos humanos y periodistas. El principal número de beneficiarios de esas medidas son personas provenientes de Guerrero (23), Tamaulipas (10), Oaxaca (8), Sonora (5), Sinaloa (5) y Morelos (4)”.
Gobierno estatal agresor y omiso
El Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos reconoce que las agresiones contra periodistas “se insertan en contextos de violencia en que la intervención de los gobiernos federales, estatales y municipales no ha sido suficiente para garantizar de manera integral la vigencia de los derechos en el país”. Sumado a eso, son las mismas autoridades quienes son las agresoras como en el caso de Jalisco.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos creó en el 2019 el área de atención a periodistas defensoras y defensores de derechos humanos, y el 16 de agosto de 2022 la Segunda Visitadora General de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco. La responsable de esta visitaduría, Guadalupe Real, reconoce que la actual ley es “perfectible, que definitivamente necesita tener reformas y que incluso ya se están trabajando en ellas”.
Esto como parte de una iniciativa del Mecanismo de Protección a Periodistas que generó foros para recolectar opiniones, ideas y buenas prácticas que podrían incorporarse a la legislación, como el generar un Sistema Nacional de Protección y la Vinculación interinstitucional para que trabajen en coordinación las autoridades federales, estatales y fiscalías. De aplicarse este eje, podría atenderse de manera integral a los periodistas desplazados.
Actualmente, según la legislación, los casos en Jalisco los atiende la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, pero la visitadora reconoce que es una institución donde “definitivamente hay muchas problemáticas actuales, como la atención a víctimas de personas y está rebasada por las otras problemáticas que tiene”.
A partir de agosto de 2020, la CEDHJ inició un seguimiento de las agresiones contra periodistas en base al monitoreo a medios de comunicación. Desde este seguimiento han tenido conocimiento de agresiones de autoridades estatales y municipales que a su vez se convierten en actas de investigación por parte de la CEDHJ.
A través de este monitoreo han contabilizado: un acta de investigación en 2021 y tres casos en 2023; todas corresponden a mujeres periodistas agraviadas.
Afirmó que no encuentran un patrón, son casos particulares, pero en las últimas dos actas de investigación son casos donde son la misma autoridad, municipal y estatal, la que incurrió en violación de derechos humanos al impedir el acceso a eventos públicos, cortando la libertad de expresión y el derecho a la información, así como incurrieron en actos de discriminación al bloquear información sobre eventos y actividades públicas.
La visitadora explica que sí ven como una constante “que las personas servidoras públicas son quienes ejercen este tipo de violencia”, como ocurrió en el caso de Lagos de Moreno y el ayuntamiento de Guadalajara.
En cuanto a la recepción de quejas, la visitadora informó que en el 2021, recibieron dos quejas (un hombre y una mujer), en el 2022 fueron dos (ambas de hombres) y en el 2023 solo una queja por agresiones contra hombres periodistas. El número es bajo porque, según explica, “no hay cultura de la denuncia, no vienen a presentar las quejas. Yo sé que son temas complejos”, dice la visitadora al referirse al número de agresiones contra periodistas que tienen registradas en la CEDHJ.
Reconoce que parte de esa falta de denuncia es porque “hay un gran número de personas que han solicitado esta protección, pero que se van directo al Mecanismo nacional, ¿por qué? Porque obviamente el Mecanismo nacional está regido por las autoridades federales y en algunas ocasiones, la mayoría de las veces de estas problemáticas, el agravio es por parte del mismo Estado”.
Bajo este contexto, resulta imposible que en Jalisco exista un registro confiable de las agresiones contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos.
La CEDHJ ha emitido el Informe especial 3/2022: situación de violencia contra periodistas y personas defensoras de los derechos humanos Jalisco en el que documenta agravios contra periodistas y en el que recomendaron al gobierno de Jalisco que “las personas servidoras públicas, en el desempeño de su cargo, garanticen el cumplimiento irrestricto de los derechos de libre acceso a la información de interés público, a la libertad de expresión y prensa”.
Para este artículo buscamos la versión de la Comisión Estatal de Víctimas y del Gobierno de Jalisco sin obtener respuesta.
La investigadora Frida Rodelo ha documentado las agresiones contra periodistas en Jalisco con casos específicos como el asesinato contra el periodista Jonathan Rodríguez en el 2017. En uno de sus artículos concluye que en Jalisco “prevalece la impunidad en los casos de delitos contra la libertad de expresión, la cual es agravada por la indolencia de las autoridades que deben proteger y garantizar este derecho”.
Esa y otras son las omisiones que hay en Jalisco para proteger a periodistas. El reportaje “Comisiones de papel”, del Colectivo Desde Provincia, documentó que en “Jalisco hay un consejo acéfalo, sin presupuesto y con más de dos años sin sesionar desde 2018”, sus integrantes solicitaron reiteradamente asignación de presupuesto, sin que hubiera respuesta positiva y, con la administración estatal actual, no se han nombrado a consejeras y consejeros que continúen con el trabajo.
Esto significa que la Ley para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, aprobada el 24 de junio de 2012, sigue sin aplicarse en la entidad.
Esto genera que en Jalisco haya zonas de silencio donde no es posible conocer las agresiones que viven los periodistas en los municipios. Desde el Observatorio sobre Libertad de Expresión y Violencia contra Periodistas han confirmado cómo el incremento de la violencia en Jalisco ha generado incremento de autocensura. Creado en el 2021 y dirigido por la investigadora Celia Del Palacio, este Observatorio ha tomado una postura crítica ante las agresiones del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro.
Las periodistas Susana Carreño y Carmen Aggi, directora y fundadora del medio independiente Letra Fría, señalan que en la entidad el Ejecutivo no solo es quien agrede, sino que tampoco brinda apoyo, ni resguardo a las personas periodistas.
“Ahí comenzó el infierno”, dice la periodista Carmen Aggi, quien sufrió agresiones después de publicaciones relacionadas con el crimen organizado, al contar con detalle las múltiples agresiones que ha vivido como consecuencia de su trabajo periodístico en el municipio de Autlán de Navarro, en la zona de la costa de Jalisco.
Las fallas en la protección de mujeres periodistas es lo que las pone en riesgo de desplazamiento forzado, como en su momento pasó Carmen Aggi, quien llegó a tener listo el pasaporte para salir del país y evitar ser agredida.
Cuando las agresiones comenzaron a escalar ella y su pareja evaluaron salir del país, pero ninguno de los dos tenía pasaportes. Entre sus planes estaba desplazarse por su propios medios, pero no fue necesario porque las agresiones pararon.
Para Carmen, imaginar el desplazamiento era salir de Jalisco, el lugar al que llegó a los 14 años para estudiar y prepararse profesionalmente, con su mamá y pareja para empezar de nuevo en otro lugar.
“Para mí era era como echar por la borda toda la vida, o sea, yo no entiendo cómo le hacen las personas que sí viven el desplazamiento, que sí lo efectúan porque a veces ya no eres ni de aquí ni de allá”, cuenta Carmen de todo lo que detonó esa posibilidad de salir de Autlán, algo que finalmente no ocurrió.
“Hubo cambio del ‘Jefe de plaza’ y se renovó toda la estructura de la organización criminal en la zona, o sea, al menos los mandos. Entonces yo ahí descubrí, porqué pasa eso y al otro día ya no me llamó nadie, ya no me mandaron mensajes. Ya no me timbraron. Ya nos dejaron de seguir”
Carmen Aggi, periodista de jalisco
Impactos del desplazamiento
Salir de casa y moverse de lugar no significa solo preparar maletas, es también dejar atrás estabilidad laboral y procesos de trabajo. Susana va describiendo todo lo que cambia con el desplazamiento que vive.
Las afectaciones no solo son en la dinámica familiar sino también en la parte psicológica. “No solamente para mí, sino para mis hijos. Mi hijo mayor tiene secuelas todavía de ese impacto que vivió, porque le tocó atender todo, le tocó verme en el quirófano” , va contando acompañada por las escoltas que la cuidan las 24 horas del día. El gobierno estatal le ha negado apoyo para las terapias psicológicas.
Susana sabe lo que es vivir en un refugio para periodistas, ahí estuvo resguardada por un mes y con varias recomendaciones de seguridad para evitar ser localizada. De ese periodo recuerda que organizaciones como Artículo 19 y Reporteros sin Fronteras estuvieron al tanto de su caso. Ha pasado más de un año de la agresión que sufrió; su voz fuerte se mantiene; desea seguir haciendo periodismo, esa vocación que la acompaña y que transmite en toda la entrevista.
Las mujeres periodistas en desplazamiento viven un doble reto, en su caso se suma que recibe comentarios por ejercer a los 65 años de edad. Comparte que hay colegas que le han dice: “¡oye, ya a tu edad mejor retírate!”, algo a lo que ella se niega porque “me siento en todo mi esplendor con ese bagaje de experiencia que he acumulado a lo largo de más de 42 años de ejercer el periodismo”. La periodista Susana Carreño está convencida en seguir ejerciendo la profesión porque el periodismo y la maternidad la acompañan a cualquier ciudad donde esté y en cualquier refugio donde se resguarde.
* Iniciativa implementada por Comunicación e Información de la Mujer A.C., el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, A.C en Chihuahua. y Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca A. C financiado por la Unión Europea en el proyecto Mujeres defensoras y periodistas incorporan el enfoque de derechos humanos de las mujeres en la política pública de protección integral en la materia.
